El amparo mandata que las entidades responsables detengan el curso de las obras
Ordena juzgado suspensión de la presa El Zapotillo: deben escuchar a afectados

El documento hace énfasis en que las autoridades han ignorado los derechos de los quejosos

DE LA REDACCIÓN
Aspecto de una de las marchas en apoyo a desplazados de Temacapulín
Lupa
Aspecto de una de las marchas en apoyo a desplazados de Temacapulín Foto: FOTO HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ

La juez primero auxiliar del estado de Jalisco ordenó que se suspenda la construcción de la presa El Zapotillo en tanto no se les brinde derecho de audiencia a los pobladores de Temacapulín y Acasico que interpusieron amparo en contra de las Comisiones Nacional y Estatal de Agua (Conagua y CEA), entre otras autoridades.

El amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008 fue resuelto en favor de María del Consuelo Carvajal Espinoza y Luis Villegas Ruiz el pasado 4 de febrero.

En la resolución, la juez Martha Leticia Muro Arellano consideró que “queda clara la constante negativa de parte de las autoridades responsables, no sólo a dar a los interesados garantía de audiencia como ordena el artículo 14 constitucional sino a brindarles toda la información necesaria para que en pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de su propiedad, puedan opinar, discutir, aportar soluciones alternativas de relacionarse o asesorarse de expertos que aporten soluciones a la prioridad de satisfacer la necesidades acuíferas de un conglomerado social”.

Los efectos del amparo incluyen que las autoridades responsables, en este caso, “el titular y el subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento; el director general y titular de la unidad licitadora de obra pública, ambos dependientes del organismo Cuenca Lerma-Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, así como al secretario y el oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el titular de la Comisión Estatal del Agua detengan las obras en tanto no garanticen los derechos fundamentales de María del Consuelo Carvajal Espinoza y Luis Villegas Ruiz.

La sentencia explica que las autoridades han privado “a los pobladores de Temacapulín y Acasico, del derecho que tienen a que su propiedad privada sea respetada, a ser oídos y vencidos, en los actos privativos de las mismas, a preservar su vivienda, sus costumbres, tradiciones, identidad reduciéndoles el nivel de los derechos de que goza la población”.

En el fallo se hace énfasis en el aspecto ambiental y en el “derecho que tienen los quejosos como todo ciudadano, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo cuarto constitucional”.

La autoridad judicial estimó fundados los conceptos de violación que expusieron los quejosos sin embargo, refiere en los párrafos 134 ,135, 136, 174 y 175 que existe un conflicto de intereses pues de un lado está el interés social y natural de los oriundos del lugar de preservar su medio ambiente y entorno histórico en contraposición con la necesidad del Estado a brindar el desarrollo nacional “integral y sustentable”.

En ese sentido la juez señala el Estado debe utilizar “métodos de proporcionalidad en la ponderación de los valores en juego” para analizar la pertinencia de la obra y en caso de que considere inminente la “expropiación” ésta debe estar fundada conforme a principios de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo a través de un comunicado de prensa expresó su beneplácito,“se ha ganado una batalla más del movimiento de defensa del territorio, un bien común como el agua y el patrimonio histórico-cultural de la nación”.

En el cable que envía la organización señala que en los cinco años “de lucha y resistencia”, se han tramitado “aproximadamente 30 peticiones de información sobre el proyecto de la presa El Zapotillo, sus afectaciones medioambientales, territoriales, culturales y todas han sido negadas a lo que hoy día las comunidades directamente implicadas continuamos sin conocer con claridad el proyecto, por tanto continuamos rechazándolo”.

Finalmente exige a los gobiernos locales, estatales y federales “inmiscuidos en esta imposición del mal entendido progreso para la región de los Altos de Jalisco”, que acaten las resoluciones “que los diferentes órdenes jurídicos ya han determinado tanto en el caso de la presa El Zapotillo como del nuevo centro de población en Talicoyunque sobre suspender las obras”.

También piden que encaren a la opinión pública, a las comunidades afectadas, al estado de Jalisco y la comunidad internacional “que sigue este caso deplorable, pero sin ataques a miembros de este movimiento pacífico, a los abogados defensores, a las organizaciones y sus integrantes defensores de los derechos humanos”.
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