GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA Y MARCO VON BORSTEL

El derecho a decir no

Temacapulín, pueblo que se inundaría por la construcción de la presa El Zapotillo Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

Las leyes que rigen la convivencia humana tienen como principio el derecho que tenemos todas las personas para decidir nuestra forma de vida, nuestro presente y nuestro futuro.
Dentro de esta raíz está el derecho a decir sí o no a cualquier
propuesta que se nos haga, que modifique o afecte nuestra vida, esto es
parte de las garantías que supuestamente tenemos por vivir en una
sociedad organizada y democrática.

En el caso de la lucha de los afectados por la presa El Zapotillo, César Coll Carabias, director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y otros
funcionarios estatales dicen que los habitantes que se oponen están
siendo “manipulados” por gente externa, es decir, por organizaciones no
gubernamentales e individuos que los acompañan y asesoran, negándoles
así, primero, la posibilidad de que sean los mismos pobladores de estas
comunidades los que han decidido libremente y por su propia voluntad
oponerse a un proyecto que pretende modificar su forma de vida, su
entorno y su futuro; y segundo, el derecho a decir no a una obra de
supuesto desarrollo y progreso del cual ellos no participan y que
devastará su ancestral territorio e historia. Es decir, estos
funcionarios niegan la capacidad de pensar y organizarse de los
habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y el derecho que tienen
de buscar apoyo para hacer valer sus derechos y las leyes; intentan
hacer creer a la opinión pública que la resistencia ante este proyecto
es producto de unos foráneos que llegan a “manipular” las mentes de los
habitantes de las comunidades, criminalizando a los defensores de
derechos humanos y por tanto a la protesta social, pretendiendo
deslegitimar así, a las personas concretas que habitan estos
territorios, los cuales sufren al enfrentar a la autoridad ante su
intento de imposición. De paso, buscan también sembrar la división al
interior del movimiento opositor.

El gobierno debe entender que la gente tiene el derecho a decir no a lo que no quiere, a lo que no le gusta y a lo que no les conviene, es un derecho elemental en un estado
que se dice democrático y además es la base misma del derecho en sí.
¿Cómo es posible que no lo entienda el gobierno y se cierre a las
diversas voces de rechazo a un proyecto que los desprecia como pueblos,
que les ningunea su cultura, su identidad, sus querencias, su capacidad
de razonar y a su idea de vivir juntos? ¿Por qué no lo entiende o acaso
serán tan fuertes los intereses económicos y políticos que hay detrás de
la presa El Zapotillo, que es preferible abandonar todo principio e
imponerse a toda costa?

Si en estos días el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo junto con muchos otros movimientos y organizaciones sociales se han manifestado tanto en la ciudad de
Guadalajara, como en varias otras ciudades de México y el mundo,
sosteniendo un plantón al lado del predio de Talicoyunque, donde se
construye el sitio para la reubicación de Temacapulín, es porque a estas
comunidades no les ha han dejado otro camino. Han sido cinco años de un
sinfín de acciones de exigencia, presión y denuncia, de interlocución
con los tres niveles de gobierno, de recursos legales y argumentos
sociales, patrimoniales, técnicos, ambientales y de sentido común
ganados, pero el gobierno se niega a cumplir los acuerdos y dialogar
directamente, presiona, hostiga y amenaza y no da marcha atrás en su
idea de inundarlos y acallar su libre decisión.

Los funcionarios públicos implicados deben reconsiderar su actitud prepotente de sometimiento de estas tres comunidades pequeñas, pero muy dignas, en
aras de un supuesto beneficio para la colectividad. Ya lo han dicho
diversos expertos en el tema hidráulico, que Guadalajara y León, que son
las ciudades a donde se pretende llevar la mayor cantidad de agua de la
presa El Zapotillo, desperdician más del 40 por ciento en fugas de su
red, además de que las presas no son sustentables, ni son la mejor forma
de manejo de agua y generación de energía. Si repararan sus sistemas de
abasto y propio almacenamiento no sería necesario El Zapotillo y por
ende estas tres comunidades no desaparecerían.

Algo de lo más absurdo en este caso, es que más allá de que existen alternativas de abasto para las ciudades sin la necesidad de matar más ríos, es que si
la necedad de las autoridades es construir una presa por el beneficio
económico que les genera, ellas mismas han aceptado que existen otros
sitios para construir embalses en la misma cuenca, donde no se
afectarían comunidades. Por lo que el proyecto de la presa El Zapotillo
parece ser más el capricho de gobernantes empecinados en obtener
ganancias, que una solución al problema de abasto del agua en las
concentraciones urbanas ya mencionadas, más aún tomando en cuenta que su
vida útil sería tan sólo de 25 a 30 años y la comunidad de Temacapulín
tiene catorce siglos de historia, y que por lo tanto, el perjuicio al
patrimonio cultural de todos los mexicanos sería incalculable.

Ante la cerrazón y tozudez del gobierno, el pueblo tiene el inalienable derecho de manifestarse y hacer todo lo que esté a su alcance para
defenderse y hacer valer sus derechos. Las autoridades, que debieran
representar y salvaguardar los intereses de la población, hablan de
legalidad actuando por encima de sus propias normas, recomendaciones de
derechos humanos y acuerdos internacionales firmados y ratificados por
nuestro país; dicen que todo se debe hacer dentro de lo legal, cuando
descaradamente hostiga, amenaza, menosprecia, engaña y criminaliza al
movimiento, retorciendo las leyes y mintiendo a la opinión pública, con
una impunidad inverosímil, haciendo caso omiso al derecho que tienen las
comunidades a ser consultadas de forma libre e informada en caso de que
un megaproyecto afecte sus vidas.

Es importante recordar que no todo lo legal es verdad y mucho menos es justicia y que en nuestro país existen muy pocas herramientas jurídicas para la defensa de los derechos
humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural; no obstante las
comunidades han optado por una defensa pacífica y firme de su
territorio, buscando todos los medios legales de que pueden disponer
para hacer valer su derecho de decidir, pero el gobierno usa una muy
cuestionable legalidad no para conceder derechos, sino para aplastarlos y
negarlos.

La autoridad defiende el proyecto a través de discursos intransigentes, intereses muy cuestionables, en contra de argumentos sólidos en una lucha legítima en defensa del territorio y la vida y
desconoce el principio básico del orden de la sociedad, el derecho
originario e inalienable de los pueblos de decidir su destino y su
presente.

Los pueblos tienen el derecho de decir no.